Aunque los profesionales de la orientación son los principales hacedores de los diagnósticos, no son los únicos agentes, ni siquiera los primeros. La  clasificación y etiquetaje empieza en las aulas y la familia. Típicamente, niños señalados en las aulas son remitidos para su evaluación psicopedagógica de la que salen con un diagnóstico y una determinada propuesta de respuesta educativa. Los padres y profesores refieren los problemas del alumno por los que están allí y el orientador (con el Anexo II del Protocolo en mano o en mente) pregunta para confirmar que se reúnan una serie de síntomas hasta confirmar: el alumno tiene tal condición o trastorno. Pero lo cierto es que esas conductas existen y son observables. El alumno es a partir de ahora observado y definido por las conductas que conforman su trastorno o condición. Todo lo demás, otras conductas, circunstancias, contextos, biografía, quedan fuera de cuadro. El orientador cree haber descrito una realidad objetiva, pero también la ha creado de esa manera, al seleccionar unas conductas en detrimento de otras , elevándolas a la categoría de síntomas de un supuesto trastorno o condición convencionalmente asumido y elaborado bajo el consenso de un grupo de profesionales.